Ayer, 28 de abril, el Senado mexicano aprobó por unanimidad la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Con esta Ley, el Senado aprobó la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, que dependerá de la Procuraduría General de la República (PGR), y será un organismo especializado en operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Podrá acceder directamente a la información disponible en los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas del país y perseguir los delitos relacionados con el lavado de dinero. También se acordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenga facultades para requerir información, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la Unidad Especializada la información que le requiera.
Además, la SHCP será la autoridad competente para aplicar en el ámbito administrativo, la mencionada ley y su reglamento, y además podrá presentar denuncias ante el Ministerio Público de la Federación cuando identifique hechos que puedan constituir delitos de lavado de dinero.
Según el senador conservador Santiago Creel, el objetivo del instrumento legal es detectar los alrededor de 25.000 millones de dólares anuales que genera de utilidades el crimen organizado a través del narcotráfico y para combatirlo y congelar una cuenta bancaria, lo que se requiere es inteligencia, no armas ni balas.
La nueva unidad especializada en perseguir ese delito contará con la cooperación de banqueros, casas de juego, empresarios y profesionales independientes, sin que ello ponga en riesgo su integridad.
La iniciativa, incluye una limitación a las transacciones en efectivo que superen los 200.000 pesos (unos USD 16.600). Prohíbe la venta en efectivo de metales y piedras preciosas, joyas o relojes cuyo valor sea igual o superior a 20.000 pesos (unos USD 1.600), y en caso de obras de arte, el máximo será 300.000 pesos (unos USD 25.000), indica la norma.
De igual manera, se deberán reportar a la SHCP operaciones mayores a 500.000 pesos (USD 41.666) en la compra de inmuebles, así como la comercialización de vehículos nuevos o usados aéreos, marítimos y terrestres por 400.000 pesos (cerca de USD 33.000) o más.
También contempla multas de hasta 4 millones de pesos (unos USD 345.000) o de hasta el 100 % del valor de la operación de que se trate, y penas de cárcel de hasta 16 años "a quienes de manera dolosa" alteren documentación que deban presentar a la Secretaría de Hacienda.
Esta norma, que deberá ser aprobada en la Cámara de Diputados, define como actividades comerciales vulnerables a la acción de los criminales: los juegos de apuestas, emisión de tarjetas de crédito, cheques de viajero, préstamos sin garantía, construcción y venta de viviendas; así como venta de joyas, obras de arte y automóviles, subastas, blindaje de autos, traslado de valores, entre otros.
Esta nueva ley obliga a las entidades financieras, como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las sociedades de inversión, cooperativas de ahorro y aseguradoras, a elaborar expedientes de identificación de sus clientes y reportar movimientos sospechosos a la Secretaría de Hacienda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario