El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó hoy, 19 de abril, el informe detallado de evaluación anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (AML/CFT) al Reino de los Países Bajos-Holanda, basada en las 40+9 recomendaciones del GAFI, y elaborado por un equipo del Fondo Monetario Internacional con la metodología de evaluación adoptado por el GAFI y aprobado por el Consejo Ejecutivo del FMI. La información fue obtenida durante la misión del 28 de junio al 13 de julio de 2010 y otra suministrada posteriormente.
Entre los aspectos más relevantes de la evaluación se puede mencionar que: Los indicadores sugieren que los Países Bajos es susceptible al lavado de dinero (LD), debido a, entre otras cosas, el tamaño relativo de su sector financiero, su apertura al comercio, y la cantidad de producto del delito. Es la 16ª economía del mundo y se estima que USD 14 mil millones son producto del delito (1,8% del PIB).
En cuanto a financiación del terrorismo, el Reino de los Países Bajos ha convivido con una variedad de organizaciones terroristas y, actualmente, la principal amenaza parece ser la de los extremistas islámicos internacionales, pero el riesgo es limitado. Aunque el sistema legal Holandés no prevé como delito autónomo la "financiación del terrorismo”, se penalizan conductas como "preparación para cometer un delito grave” y "participación en una organización terrorista".
Es preciso reforzar el reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por parte de la instituciones financieras y no financieras, en especial por los riesgos identificados en las actividades de los abogados corporativos. A su vez, la UIF debería reconsiderar la forma como divulga sus análisis financieros a las autoridades y lograr más énfasis en la difusión de sus casos.
Según el informe, hay problemas de regulación con la definición del beneficiario final y las amplias excepciones para considerar clientes de bajo riesgo (por el tratamiento en las jurisdicciones y Estados miembros de la Unión Europea); es de particular preocupación que sólo sea aplicable a escenarios de alto riesgo la obligación de identidad del beneficiario, junto con la obligación de conocer la propiedad y estructura de control del cliente.
Se considera que el plazo de 14 días para informar las transacciones sospechosas no es coherente con la norma y plantea una cuestión de eficacia con la recuperación de activos de origen ilícito. El nivel de reporte de transacciones sospechosas de agentes de seguros, compañías de seguros de vida y oficinas de cambio es particularmente bajo.
En cuanto a las medidas establecidas en los Países Bajos para garantizar un alto nivel de transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), existe información general y particular en la Oficina Central de Recaudo de Fondos (CBF - Central Bureau for Fundraising), sin embargo, no puede intercambiarse entre las autoridades competentes porque es una organización privada. Esto limita la información detallada sobre una parte importante del sector.
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