Esta semana el ministro del Interior y de la Justicia, Germán Vargas Lleras, pidió a la UIAF (Unidad de Inteligencia Financiera colombiana encargada de luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que rastree los capitales que se mueven en la actividad minera.
El ministro aseguró ante la plenaria del Senado que también solicitó fortalecer el sistema integral para la vigilancia de las actividades de energía, minería y piedras preciosas. Dijo que "Es un hecho que la minería ilegal está vinculada a los grupos ilegales y que a través de ella se lavan recursos significativos e importantes". También agregó que "La minería ilegal es una de las principales fuentes de financiación, junto con el narcotráfico, de los grupos al margen de la ley".
Por su parte, el ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, anunció que está en conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para que se cree en esta entidad una Unidad Especial de Delitos Mineros.
Aunque aún faltan más medidas preventivas y muchas más acciones judiciales para luchar contra la presencia de dinero ilegal en las actividades relacionadas con actividades de explotación de minerales y piedras preciosas, desde el 2008 la UIAF ya había establecido una serie de reportes dirigidos a una parte de este sector.
Mediante la Resolución UIAF 363 de noviembre 18 de 2008 se impuso a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o importación de oro, el deber de reportar las operaciones sospechosas (ROS) ó su ausencia mensual, todas las transacciones de compra/venta de oro y todas las importaciones/exportaciones de oro, ó su ausencia en forma cuatrimestral a la UIAF.
Según los estándares internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, los casinos, agentes inmobiliarios y comerciantes de metales y piedras preciosas, entre otros, deben aplicar procedimientos de debida diligencia de sus clientes, conservar los registros de sus transacciones y reportar operaciones sospechosas. Otras actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), incluidas en la recomendación 12 del GAFI están sujetas a las mismas medidas.
Con la preocupación actual del Gobierno, resulta conveniente y oportuno revisar el cumplimiento de los reportes establecidos por la UIAF, fortalecerlos y ampliar las medidas a otras actividades similares de riesgo, con el fin de implementar en forma adecuada y con una mayor cobertura las recomendaciones internacionales. Se debería involucrar a otras entidades de supervisión y autoridades encargadas de aplicar la ley para detectar y reprimir los delitos relacionados con actividades de metales y piedras preciosas.
GAFISUD Guía basada en riesgo para comerciantes de metales y piedras preciosas
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