El presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa envió al Senado de la República una reforma al Código Penal Federal y el de procedimiento penal para sancionar a todos aquellos que colaboren con el crimen organizado, que incluye a “personas jurídicas de naturaleza privada” como bancos y empresas beneficiadas por las actividades ilícitas.
Las sanciones para estas empresas y bancos van desde multas económicas e inhabilitación para participar en licitaciones públicas, hasta el decomiso de bienes. La iniciativa legislativa considera hasta 53 delitos que podrían ser vinculatorios para establecer la responsabilidad penal al sector privado y a la banca, entre los que se destacan terrorismo, fraude, trata de personas, sustracción ilegal de hidrocarburos, introducción clandestina de armas, defraudación fiscal, cohecho, robo de vehículos, entre otros.
Este proyecto fue radicado a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer (PAN), aseguró que ve “muy difícil” que el proyecto pueda ser dictaminado de aquí al 30 de abril, porque ya están fijadas las prioridades legislativas.
La oposición no recibió con buen ánimo la propuesta. El senador del PRD, Pablo Gómez Álvarez -integrante de la Comisión de Justicia- lamentó que Calderón ya “no sabe ni qué inventar ante el fracaso de su estrategia de inseguridad”.
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