El Estado Colombiano destinará $188.000 millones para atender los gastos de las elecciones territoriales (cerca de 75.000 candidatos a Gobernaciones, Alcaldías, Concejos y Asambleas) en octubre próximo.
Según un informe especial de Dinero, denominado “Alerta Roja”, identificó como peligros: 1) la influencia foránea, 2) contratistas, los mejores postores, 3) el “lubricante” de los subsidios? 4) fuente de lavado, y 5) costos excluyentes.
Pese a la estrechez financiera del Estado, alrededor de las elecciones se moverán recursos multimillonarios que generan no pocos peligros para el elector y para la democracia. Carteles de contratistas que aprovechan la ocasión para convertir la financiación de las campañas en una rentable inversión a futuro y multinacionales con intereses en proyectos específicos, son dos los principales factores de riesgo, pero no los únicos. Los $8 billones destinados para atención del desastre invernal son vistos por algunos actores regionales como una oportunidad para aumentar sus caudales electorales. Todo ello, sumado a la falta de oportunidad y transparencia en los reportes de los gastos de campaña, podría conspirar contra los intereses de ciudadanos que aspiran a elegir libremente a sus gobernantes.
En el punto 4, el riesgo es la posible injerencia en los gastos de campañas electorales de organizaciones ligadas al lavado de activos. Por eso, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) acordó con el Consejo Electoral el establecimiento de un flujo de información sobre el trasiego de recursos económicos hacia las campañas. Al respecto, el director general de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, ha ordenado a sus servicios de inteligencia que les sigan la pista a recursos movidos por enlaces en Colombia de los carteles de la mafia en México.
