Como antesala de la audiencia de acusación de cargos contra el ex contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, la ex directora del IDU, Liliana Pardo y el ex subdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez por el llamado 'carrusel de las contrataciones' de Bogotá, el abogado de la Contraloría General de la República, Edgar Ortiz, presentó pruebas y documentos a la Fiscalía General de la Nación para imputar delitos de lavado de activos.
Según el abogado Ortiz, hay graves irregularidades en la entrega de dineros por parte del Distrito Capital a los Nule como anticipos para la realización de obras viales en Bogotá y que terminaron en manos de terceros y sociedades contratistas.
El demandante comentó que dicha acción judicial tuvo como base probatoria el hecho de que los Nule aceptaron el delito de peculado por apropiación, "lo que indica que se presentaron fallas, en lo que en nuestro concepto indica que estos dineros tenían una tendencia a ser parte de un lavado de activos en el marco de una corrupción contra la administración pública".
Manuel, Miguel y Guido Nule, y su socio Mauricio Galofre, enfrentan ante la justicia penal cargos por cinco delitos: peculado por apropiación (el cual ya aceptaron), concierto para delinquir, cohecho, fraude procesal y falsedad en documento privado. Sin embargo, para la Contraloría General existen otros dos delitos que cometieron estos empresarios: lavado de activos (derivado de la corrupción administrativa) y captación ilegal de dinero. Tampoco se descartan nuevas pruebas sobre testaferrato.
En un informe de la Contraloría General de la República, se analizó la mayoría de movimientos financieros que hicieron los Nule para apropiarse de parte del dinero de los anticipos de contratos que ejecutaron en Bogotá. Allí queda consignado que del anticipo de $81 mil millones que recibieron los Nule para las obras en Bogotá, al menos $24 mil millones se los gastaron en cosas ajenas a lo que estaba destinado el dinero o los desviaron cuentas en el exterior. Además, los confesos responsables del billonario peculado, al parecer, dispusieron de varios testaferros en paraísos fiscales para apropiarse del dinero público.
En el informe, la Contraloría presenta la lista de 87 empresas que hicieron parte de toda la red que conformó el Grupo Nule, las cuales también extendían su presencia en otros negocios al integrar consorcios, de los cuales ya hay 14 identificados. Una vez recibían el anticipo de obras, entre estas empresas se prestaban dinero para apalancarse financieramente. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por seguirle el rastro al dinero, la Contraloría también aclara que no se encontraron registros contables que permitieran sustentar todas las operaciones de cada una de las empresas de los Nule.
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