El Instituto Transfronterizo (TBI - Trans-Border Institute) de la Universidad de San Diego, CA, publicó los resultados de una encuesta sobre la administración de justicia en México denominada “Justiciabarómetro: Encuesta Judicial”, realizada en 9 Estados de México.
Los principales resultados de la encuesta muestran la percepción de los operadores de justicia sobre las reformas judiciales iniciadas en la administración del presidente mexicano Felipe Calderón en 2008.
Solamente el 47% de los encuestados cree que la reforma ayudará a reducir la delincuencia, pero la gran mayoría considera que la reforma penal se acelerará (70%) y reducirá la corrupción en el sector judicial (84%).
Las conclusiones más reveladoras son: Satisfacción general con la compensación salarial, pero varía la frustración con la carga laboral; Para el progreso profesional se tiene en cuenta la experiencia y los méritos, aunque los contactos políticos juegan un papel importante; Existe un acuerdo generalizado de que la “conducta ilegal” es inaceptable, sin embargo, el 28,2% de los encuestados están dispuestos a tolerar ilegalidades ocasionales en la búsqueda de la justicia; Los fiscales son vistos como menos competentes y confiables por sus colegas en otras profesiones, frente a la alta opinión de jueces y defensores públicos; Los defensores públicos son más críticos de la eficiencia procedimental y perciben más violaciones de las garantías procesales que los jueces y fiscales; La reforma judicial de 2008 ha sido vista por algunos como ineficaz, poco probable para reducir la delincuencia y como el resultado de la influencia extranjera; Los nuevos procedimientos penales, en general, son bien recibidos, especialmente en los Estados que esperan la reforma. Los encuestados se muestran optimistas para mejorar la eficiencia y reducir la corrupción en el sistema judicial.
La encuesta consideró la opinión de funcionarios judiciales de los Estados mexicanos de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, con el apoyo financiero de las fundaciones “The William and Flora Hewlett Foundation” y “The Tinker Foundation”. Es el resultado de dos informes de Matthew C. Ingram, Octavio Rodríguez Ferreira y David A. Shirk. Los datos fueron obtenidos a través de la firma Data y Opinión Pública y Mercados (DATA-OPM), a través de cerca de 2800 llamadas telefónicas hechas entre octubre y diciembre de 2010 a 1.098 jueces, fiscales y defensores públicos con un promedio de 276 entrevistas completas (22.4%).
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