El Gobierno Argentino está terminando de definir las nuevas obligaciones sobre mutuales y cooperativas para prevenir el lavado de dinero.
Así lo anticiparon fuentes oficiales, al afirmar que esas entidades mueven millonarias sumas de dinero en un circuito informal y operan en condiciones más ventajosas que los bancos y entidades financieras que funcionan bajo las normas del Banco Central (BCRA).
El objetivo oficial es luchar contra el alto porcentaje de informalidad en el que se mueve este segmento. Muchas empresas que trabajan en la informalidad terminan consiguiendo financiamiento a través de mutuales y cooperativas, que no sólo están fuera de la órbita del BCRA, sino que tampoco reportan operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF).
La propuesta, aún no confirmada, es que la UIF, para todos los movimientos superiores a 10.000 pesos, obligue a que se levante el secreto en el manejo de dinero y la información sobre quiénes son los asociados. Asimismo, deberá existir un encargado que verá si la administración del dinero que hace la mutual o cooperativa es correcta y si corresponde con lo que declara. Si la entidad no se maneja bien, esa persona será la responsable legal y podrá ir a prisión.
De acuerdo con datos que manejan varios organismos, hay casos de mutuales que concedieron préstamos muy superiores a su patrimonio declarado, lo cual daría indicios de operaciones de blanqueo de capitales. Otra hipótesis es que numerosos contribuyentes justifican activos basándose en supuestos créditos de mutuales.
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