El pasado 28 de marzo de 2011 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó, entre otras iniciativas, un proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia que pretende radicar en el Congreso con el objetivo principal de crear un marco jurídico integral que oriente, regule y limite la actividad de inteligencia. Además, para proteger tanto a la ciudadanía como a los funcionarios de los órganos de seguridad.
El presidente Santos aseguró que a nadie se le podrá hacer seguimientos ilegales por motivos de su afiliación política o su participación en organizaciones no gubernamentales y que la iniciativa incluye reformar el DAS y la creación de una comisión independiente presidida por la Procuraduría General de la Nación, cuya misión será depurar las bases de datos de inteligencia.
Con este proyecto se pretende proteger los derechos fundamentales de todo ciudadano, es decir, protegerlos de toda amenaza, gracias al fortalecimiento de la inteligencia, y protegerlos de eventuales excesos de la inteligencia, delimitando claramente su ámbito de acción. Asimismo, se busca garantizar la seguridad a quienes adelantan labores de inteligencia.
No se trata de una nueva ley, pues en noviembre de 2010 la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1288 de 2009 (Ley de inteligencia y contrainteligencia) al hallar vicios de forma porque fue tramitada como una ley reglamentaria y no como una ley estatutaria, tal como lo ordena la Constitución Nacional.
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