De acuerdo con un reciente escándalo de corrupción conocido en Colombia, se inició un proceso penal que involucra a 13 personas por un desfalco realizado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de falsas devoluciones del IVA por exportaciones.
Dicho fraude ascendería a 3.4 billones de pesos, realizado sistemáticamente entre 2004 y 2009, mediante la creación de empresas de papel que simulaban exportaciones y solicitaban a la DIAN la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado).
El escándalo de corrupción se habría dado a conocer por la denuncia de algunos funcionarios de la DIAN que estaban inconformes con las irregularidades en la devolución de impuestos.
Dos de los 13 implicados, acusados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, peculado, lavado de activos, fraude procesal, exportación ficticia y enriquecimiento ilícito, tendrán prisión domiciliaria y los 11 restantes fueron enviados a las cárceles La Modelo y El Buen Pastor de Bogotá, según la decisión del juez 14 de control de garantías.
María Delia Segura y Diana Marcela Ramos, estarán en prisión domiciliaria por enfermedad. Los enviados a prisión fueron Blanca Jazmín Becerra Segura, considerada como el cerebro de la red; Guillermo León Rodríguez, esposo de la que sería el cerebro de la red; José Norbey Garzón, escolta de Jazmín Becerra; Sandra Liliana Rojas; Miryam Teresa Peña; Catherine Cano Martínez; Fernando Quiceno; Jazmín Viviana Silva Sánchez; Antonio Ramón Agudelo; Raúl Vargas, y Andrés Bottina Martínez.
Según un informe especial de Caracol Radio, 3 de los implicados en el desfalco a la DIAN, aparecen como miembros de las mismas empresas ficticias que se crearon para defraudar al Estado Colombiano.
El 6 de julio de 2008 se constituyó la Sociedad Comercial denominada “Comercializadora de metales Jovanny S A U”. Posteriormente, el 5 de junio de 2009 la sociedad cambió su nombre a Comercializadora de Metales S. A. S. El objetivo de la sociedad era el diseño, reconstrucción, fundición, transformación, recuperación, venta, comercialización, distribución e importación de metales. De esta forma ya habían conformado la empresa en el papel para comenzar a trabajar en lo que sería exportaciones ficticias de chatarra para lograr la devolución del IVA.
Fue designada como revisora fiscal de esta empresa a Luz Adriana Matamba Sepulveda, involucrada en el proceso judicial.
La empresa Comercializadora de metales Jovanny S A S a la fecha no ha renovado la matricula mercantil. Fue creada con un capital de 20 mil acciones por un valor total de $20 millones de pesos. Su Gerente era Jovanny Vélez Fernández, quien de manera misteriosa fue asesinado.
Otra empresa utilizada fue la “Comercializadora El Guajiro S.A.S.”, constituida el 10 de abril de 2008 e inscrita el 6 de junio de 2008.
En un comienzo el domicilio de la empresa fue la ciudad de Bogotá pero de un momento a otro cambiaron para Pereira. Como en la mayoría de los casos, la empresa fue creada para la importación y exportación de chatarra.
Como revisora fiscal fue designada Katherine Cano Martínez, también vinculada al proceso penal. Esta misma persona también fue la encargada de hacer la revisoría fiscal de la empresa “Metales Santalibrada S.A.S.”.
Como estos casos, son varias las empresas de papel que se conformaron para defraudar a la DIAN mediante la devolución de IVA de operaciones ficticias de exportación.
En materia penal, Blanca Jazmín Becerra, principal cerebro de la organización, María Delia Segura y Guillermo León Rodríguez, madre y esposo de Blanca Jazmín, así como la contadora Sandra Liliana Rojas, serán condenados en los próximos días con el beneficio de una rebaja en la pena, de hasta el 50 por ciento, por haber reconocido su responsabilidad.
José Norbey Garzón, escolta de Blanca Jazmín y representante legal de la empresa Continental de Chatarras, será condenado por enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, los cuales aceptó, y enfrentará un juicio por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y exportaciones ficticias.
Las ocho personas restantes, quienes no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, tendrán que enfrentar un juicio y en 30 días aproximadamente, será radicado el escrito de acusación en su contra.
Finalmente, Andrea Parra Cuevas, Liliana Huertas y Sandra Ospina, quienes estaban esperando a que culminaran las audiencias preliminares de las 13 personas capturadas, serán entrevistadas por la Fiscalía General de la Nación para saber de qué forma colaborarán con la justicia, es decir serán piezas claves dentro de este proceso, ya que decidieron entregarse de manera voluntaria para responder por estos hechos.
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