Colombia: Contraloría General presentó denuncia por lavado de activos contra empresarios Nule

Como antesala de la audiencia de acusación de cargos contra el ex contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, la ex directora del IDU, Liliana Pardo y el ex subdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez por el llamado 'carrusel de las contrataciones' de Bogotá, el abogado de la Contraloría General de la República, Edgar Ortiz, presentó pruebas y documentos a la Fiscalía General de la Nación para imputar delitos de lavado de activos.

Según el abogado Ortiz, hay graves irregularidades en la entrega de dineros por parte del Distrito Capital a los Nule como anticipos para la realización de obras viales en Bogotá y que terminaron en manos de terceros y sociedades contratistas.

El demandante comentó que dicha acción judicial tuvo como base probatoria el hecho de que los Nule aceptaron el delito de peculado por apropiación, "lo que indica que se presentaron fallas, en lo que en nuestro concepto indica que estos dineros tenían una tendencia a ser parte de un lavado de activos en el marco de una corrupción contra la administración pública".

Manuel, Miguel y Guido Nule, y su socio Mauricio Galofre, enfrentan ante la justicia penal cargos por cinco delitos: peculado por apropiación (el cual ya aceptaron), concierto para delinquir, cohecho, fraude procesal y falsedad en documento privado. Sin embargo, para la Contraloría General existen otros dos delitos que cometieron estos empresarios: lavado de activos (derivado de la corrupción administrativa) y captación ilegal de dinero. Tampoco se descartan nuevas pruebas sobre testaferrato.

En un informe de la Contraloría General de la República, se analizó la mayoría de movimientos financieros que hicieron los Nule para apropiarse de parte del dinero de los anticipos de contratos que ejecutaron en Bogotá. Allí queda consignado que del anticipo de $81 mil millones que recibieron los Nule para las obras en Bogotá, al menos $24 mil millones se los gastaron en cosas ajenas a lo que estaba destinado el dinero o los desviaron cuentas en el exterior. Además, los confesos responsables del billonario peculado, al parecer, dispusieron de varios testaferros en paraísos fiscales para apropiarse del dinero público.

En el informe, la Contraloría presenta la lista de 87 empresas que hicieron parte de toda la red que conformó el Grupo Nule, las cuales también extendían su presencia en otros negocios al integrar consorcios, de los cuales ya hay 14 identificados. Una vez recibían el anticipo de obras, entre estas empresas se prestaban dinero para apalancarse financieramente. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por seguirle el rastro al dinero, la Contraloría también aclara que no se encontraron registros contables que permitieran sustentar todas las operaciones de cada una de las empresas de los Nule.

Noticia El Espectador

OEA decidirá mañana sobre el regreso de Honduras al organismo

A raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en la República de Honduras, su participación en las actividades de la OEA fue suspendida en una Asamblea General Extraordinaria del 4 de julio del mismo año.

Mañana, 1 de junio, en una Asamblea General Extraordinaria, en Washington, los países miembros de la OEA decidirán sobre el regreso de Honduras al organismo.

La decisión la tomó el Consejo Permanente con 31 votos a favor, uno en contra (Ecuador) y una ausencia (Santa Lucía).

Dicho Consejo Permanente resolvió “convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, a celebrarse en la sede de la Organización el día miércoles 1 de junio a las 11 de la mañana, para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas en relación con el levantamiento de la suspensión del derecho de Honduras de participar en la OEA, conforme a la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana”.

Comunicado OEA

Paraguay adopta sistema de Declaración Electrónica de Transporte Transfronterizo de Valores

La Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay (www.aduana.gob.py) desarrolló el Sistema de Declaración Electrónica de Transporte Transfronterizo de Valores, con el cual todos los viajeros que ingresen o salgan del país que lleven consigo más de USD 10.000, o su equivalente en otras monedas, podrán realizar la declaración desde el sitio web, antes de ingresar o salir del país para evitar inconvenientes innecesarios con el sistema tradicional.

De esta forma, las personas que tengan que salir o ingresar al país, ya sea por medio de transporte aéreo, terrestre (buses y particulares) o marítimos, deberán completar la declaración en la que detallarán aspectos básicos, como su identidad, nacionalidad, instrumento monetario que transporta (cantidad, tipo de divisa y origen), ruta de destino, entre otros datos.

Esta nueva herramienta sirve para el análisis de las actividades financieras con miras a prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y facilita el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No. 1015 de 1997 por parte de los viajeros.

Con esta decisión de la Dirección Nacional de Aduanas se da cumplimiento a la disposición emanada de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convirtiéndose en el segundo país de la región en utilizar el sistema de Declaración Electrónica, y el país supera una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para este aspecto.

Acuerdo SEPRELAD y la Dirección Nacional de Aduanas

La SBS de Perú presentó el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

El Superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), Felipe Tam Fox, presentó en el Palacio de Gobierno el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para que se convierta en una política de Estado y sea puesto en marcha por los siguientes gobiernos, teniendo en cuenta que los embates de la criminalidad organizada afectan no solo la vida cotidiana de los peruanos, sino  también la estabilidad del sistema económico y social del país.

Tam Fox explicó que el plan nacional es una hoja de ruta, donde además de identificar las vulnerabilidades de ciertas actividades económicas que pueden ser atacadas por el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, detalla el conjunto de acciones necesarias para superarlas, asignar responsabilidades a las diversas instituciones públicas y da un plazo para su implementación. Esta iniciativa fue elaborada por 21 entidades del Estado y fue coordinada por la SBS.

Respecto a las tareas propuestas en el plan nacional, el superintendente informó que la SBS ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para levantar la restricción que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder al secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil, a fin de que dicha entidad pueda enriquecer los reportes de inteligencia financiera que le entrega al Ministerio Publico, para sus investigaciones. Así mismo, mencionó que muy pronto la SBS pondrá en marcha a nivel nacional un sistema de capacitación en línea para instruir a los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados a reportar a la UIF, con el fin de que puedan identificar con mayor facilidad las operaciones sospechosas.

Entre las tareas que detalla el plan nacional se encuentra la aprobación de varios proyectos de ley en el Congreso de la República para definir la lista de sujetos obligados a reportar a la UIF, establecer la lista de los organismos supervisores que tienen el compromiso de apoyar la lucha contra el lavado de activos, crear un registro de casas de cambio de monedas, dictar las medidas de cumplimiento mínimas para que éstas operen y designar a su ente supervisor.

Del mismo modo, se espera una ley para designar a la SBS como supervisor integral de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, incorporar a los notarios públicos en la red de lucha contra el lavado de activos, establecer expresamente sus obligaciones y ubicarlas bajo la supervisión de la UIF en materia de lavado de activos. También se requiere agilizar el procedimiento del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil; establecer una sanción penal por el incumplimiento en la entrega de dicha información a las autoridades; se buscará establecer plazos nuevos y más amplios para la investigación preliminar; fortalecer la capacidad del Estado para despojar a los criminales y terroristas de sus activos conseguidos con recursos ilícitos; capacitar permanentemente al personal de las instituciones públicas comprometidas en la lucha contra la delincuencia, así como de peritos, expertos y asesores; y por último, fortalecer la detección de la transferencia de dinero en los puntos de control aduanero.

El plan nacional entrará en vigencia desde junio próximo con la instalación de una comisión técnica integrada por nueve ministerios y la Policía, entre otros.

El superintendente adjunto, director de la UIF, Sergio Espinoza, explicó que las casas de cambio y las constructoras serán supervisadas por esa entidad para prevenir el lavado de activos. No quiere decir que las casas de cambio sean sospechosas sino que se necesita dar transparencia a la compra y venta de dólares. En cuanto a las constructoras, señaló que hay empresas que se crean cada vez que comienza una obra y desaparecen a su término.

Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Colombia aprueba último debate de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Hoy, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aplaudió la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras al considerar que constituye un avance histórico hacia la superación del conflicto armado.

El reconocimiento de los derechos de las víctimas revela una gran madurez de la sociedad y la clase política colombianas, y su implementación marcará un paso adelante en la búsqueda de la paz y la reconciliación del país, apuntó Christian Salazar Volkmann, representante de la Alta Comisionada en Colombia. Para la ONU, el desafío ahora está en asegurar que los mecanismos de instrumentación de la Ley incluyan la participación directa, verdadera y respetuosa de las víctimas y sus organizaciones. Especialmente en lo que se refiere a los pueblos indígenas y a las comunidades afrocolombianas, que tienen el derecho de ser consultados sobre una norma que les afecta directamente.

Por su parte, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras manifestó que los puntos más importantes de la ley de víctimas, que ayer fue aprobada en último debate de la plenaria del Senado de la República, son: 1) La ley se estructura sobre la base de los estándares y principios internacionales de buena fe, enfoque diferencial y dignidad. Dichos principios permean toda la ley y guiarán su interpretación. 2) Buena fe: habrá inversión de la carga de la prueba en procesos administrativos y judiciales de restitución de tierras. 3) Enfoque diferencial: tendrán prioridad las mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, sindicalistas y desplazados. 4) Dignidad: la ley propende por redignificar la condición de ciudadanos de las personas víctimas del conflicto armado. 5) El concepto de víctima no discrimina. Víctima: toda persona que sufra un daño como consecuencia de violaciones a los Derechos Humanos (DDHH), infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), sin importar quién fue el victimario.

Lleras dijo que “No fue un año, fueron tres años de debates, algunas veces sobre los temas institucionales, otros sobre la difusión de víctimas, temas de financiación y de política integral de población desplazada. Después de tantos meses hoy culmina el trámite de una ley que es histórica, porque abre una nueva etapa en Colombia frente al concepto de Derechos Humanos y su aplicación”.

El jefe de la cartera política explicó cómo será la implementación luego de ser Ley: “Todo lo que se viene haciendo continuará, a partir del 1 de enero del 2012 toda la nueva institucionalidad empezará a operar plenamente. En un año no es posible atender un compromiso de esta envergadura, pero se irá priorizando a la población más vulnerable”, expuso Vargas Lleras.

Los principales aspectos del proyecto son:

·   Esta iniciativa reconoce que la víctima será toda persona que sufra un daño como consecuencia de violaciones a las normas de Derechos Humanos o infracciones al DIH, independientemente de quién fue el victimario.

·    Cobija los hechos que ocurran en el marco del conflicto armado interno y con posterioridad al 1 de enero de 1985. La restitución cobijará despojos posteriores al 1 de enero de 1991. Las víctimas de hechos anteriores a 1985, accederán a la reparación simbólica y a las garantías de no repetición.

·   Se establecen medidas de asistencia especiales y preferentes en materia de salud, educación y acceso a un subsidio para cubrir los gastos funerarios de las personas que mueran como consecuencia del conflicto.

·  Prevé la entrega de una ayuda humanitaria para que las víctimas puedan sobrellevar las necesidades básicas e inmediatas que surgen tras una victimización.

·  Se establecen 5 componentes de la reparación integral: 1) Restitución de tierras: Se crea un proceso judicial expedito, con la intervención de una Unidad Administrativa para que el proceso sea organizado y focalizado, para restituir la tierra a los despojados. 2) Indemnización administrativa: incorpora la creación de un programa masivo de indemnizaciones administrativas. Se establece que las víctimas podrán acceder a un monto superior de indemnización a la establecida en el Decreto 1290, si suscriben un Contrato de Transacción para no demandar al Estado. 3) Rehabilitación: Se trata de la creación de un Programa de Atención Psicosocial para atender las secuelas psicológicas que el conflicto ha dejado en las víctimas. Además, se prevé la rehabilitación física. 4) Satisfacción: Son medidas que propenden por la búsqueda de la verdad, la recopilación y publicación de la memoria histórica, y la implementación de medidas de reparación inmaterial como exención de prestar el servicio militar, creación del día nacional de las víctimas, entre otras. y 5) Garantías de No Repetición: Se trata de una serie de medidas que buscan evitar que las violaciones de los Derechos Humanos vuelvan a ocurrir. Entre éstas se encuentra: la implementación de programas de educación en Derechos Humanos, la derogatoria de las leyes o normas que permitan o faciliten la violación de derechos humanos, programas de reconciliación, la participación del sector privado en generación de proyectos productivos, y muchas otras más.

·  El proyecto de Ley establece una nueva institucionalidad, así: a) Comité Ejecutivo: Este Comité deberá reglamentar toda la Ley, diseñar y adoptar el Plan Nacional de Atención y Reparación, así como supervisar su ejecución. b) Departamento Administrativo: Se encargará de la coordinación y ejecución de la política de inclusión social y de reintegración. Además, deberá coordinar sus actividades con el Comité Ejecutivo, en materia de reparación y atención a víctimas. c) Unidad Administrativa de Atención y Reparación: Será la encargada de ejecutar la política de reparación cuya competencia recaiga en el Gobierno Nacional, así como de coordinar la ejecución de la Ley. d) Unidad Administrativa de Tierras Despojadas: Se encargará de sustanciar los casos de restitución ante los jueces y tribunales, así como coordinar la política de restitución de tierras. y d) Centro de Memoria Histórica: La creación de este Centro tiene como objetivo centralizar todas las funciones de recolección y preservación de la memoria histórica en una sola entidad.


Proyecto de Ley 107 2010 Senado de la República

Colombia: se fotalecen controles antilavado para empresas transportadoras de valores y blindadoras de vehículos

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Circular Externa No. 8 de 2011, mediante la cual se fortalece el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), de obligatorio cumplimiento para las empresas transportadoras de valores, empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores y empresas blindadoras de vehículos.

Según la norma, se amplía la obligación de controles a las actividades de las empresas blindadoras de vehículos, se fortalecen algunas medidas y reportes, y se adaptan otras normas legales y los estándares internacionales del GAFI a las entidades vigiladas por esta superintendencia.

Se establece el reporte de transacciones en efectivo individuales ($10 millones ó USD 5.000) y múltiples ($50 millones ó USD 100.000) para las empresas blindadoras de vehículos. Estos reportes se deben enviar mensualmente a la UIAF dentro de los primeros diez (10) días siguientes, incluso el reporte de ausencia de transacciones en efectivo.

Así mismo, las entidades vigiladas están obligadas a consultar las listas expedidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otras vinculantes para Colombia, en materia de financiación del terrorismo.

Dentro de sus trámites, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada exigirá el documento de declaración de origen de los fondos de los solicitantes.

Las personas vinculadas a las entidades sometidas a la inspección, vigilancia o control de la Superintendencia, deberán guardar reserva sobre la información comunicada a la UIAF, so pena de las correspondientes sanciones administrativas y penales.

Para la implementación de las nuevas medidas se dispuso un periodo de transición de cuatro (4) meses, contados a partir de la expedición de la mencionada Circular Externa No. 8, la cual fue expedida el 1 de marzo de 2011.

Circular Externa No. 8 de 2011 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

UNODC: El consumo de cocaína sigue aumentando en Europa

Esta semana se realiza, en París, una reunión ministerial del G-8 para evaluar el tráfico de cocaína y mejorar los esfuerzos en la lucha internacional contra este negocio ilegal.

El director ejecutivo de UNODC, Yury Fedotov, llamó la atención sobre la espectacular evolución del mercado internacional de cocaína en la última década. Dijo que, a pesar de tener un mercado en retroceso en Norteamérica, el consumo de cocaína sigue aumentando en Europa. En 1998, el mercado de la cocaína en Estados Unidos era cuatro veces superior al de Europa. Desde entonces, ha habido un total reajuste en el valor del mercado de Europa, el cual se estima en unos USD 33 mil millones, casi equivalente al de Estados Unidos, estimado en USD 37 mil millones.

El mercado actual de cocaína se ha convertido en una amenaza mundial a través de la diversificación de mercados, nuevas rutas de distribución y el aumento del consumo, especialmente en Europa.

En África occidental, por ejemplo, los traficantes utilizan la proximidad de la región a Europa, como un nuevo lugar de tránsito, que ha impulsado el crecimiento de esos mercados locales, fenómeno que hace unos años no se consideró. En Centroamérica, el tráfico de cocaína ha provocado un aumento en el nivel de violencia en algunos países.

El grave peligro de las drogas ilícitas afecta no solamente a los países de origen, zonas de tránsito, y destino final, sino a la desestabilización social y política e incluso a la violencia de pandillas involucradas en el negocio ilegal.

UNODC estima que sólo en 2009 las ventas mundiales de cocaína generaron USD 84 mil millones de ganancias, una suma equivalente o incluso superior al PIB de muchos países en desarrollo.

UNODC Press Release

UNODC-The Transatlantic Cocaine Market-Research Paper-April 2011