Senado de México aprueba Ley para combatir el lavado de dinero

Ayer, 28 de abril, el Senado mexicano aprobó por unanimidad la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Con esta Ley, el Senado aprobó la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, que dependerá de la Procuraduría General de la República (PGR), y será un organismo especializado en operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Podrá acceder directamente a la información disponible en los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas del país y perseguir los delitos relacionados con el lavado de dinero. También se acordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenga facultades para requerir información, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la Unidad Especializada la información que le requiera.

Además, la SHCP será la autoridad competente para aplicar en el ámbito administrativo, la mencionada ley y su reglamento, y además podrá presentar denuncias ante el Ministerio Público de la Federación cuando identifique hechos que puedan constituir delitos de lavado de dinero.

Según el senador conservador Santiago Creel, el objetivo del instrumento legal es detectar los alrededor de 25.000 millones de dólares anuales que genera de utilidades el crimen organizado a través del narcotráfico y para combatirlo y congelar una cuenta bancaria, lo que se requiere es inteligencia, no armas ni balas.

La nueva unidad especializada en perseguir ese delito contará con la cooperación de banqueros, casas de juego, empresarios y profesionales independientes, sin que ello ponga en riesgo su integridad.

La iniciativa, incluye una limitación a las transacciones en efectivo que superen los 200.000 pesos (unos USD 16.600). Prohíbe la venta en efectivo de metales y piedras preciosas, joyas o relojes cuyo valor sea igual o superior a 20.000 pesos (unos USD 1.600), y en caso de obras de arte, el máximo será 300.000 pesos (unos USD 25.000), indica la norma.

De igual manera, se deberán reportar a la SHCP operaciones mayores a 500.000 pesos (USD 41.666) en la compra de inmuebles, así como la comercialización de vehículos nuevos o usados aéreos, marítimos y terrestres por 400.000 pesos (cerca de USD 33.000) o más.

También contempla multas de hasta 4 millones de pesos (unos USD 345.000) o de hasta el 100 % del valor de la operación de que se trate, y penas de cárcel de hasta 16 años "a quienes de manera dolosa" alteren documentación que deban presentar a la Secretaría de Hacienda.

Esta norma, que deberá ser aprobada en la Cámara de Diputados, define como actividades comerciales vulnerables a la acción de los criminales: los juegos de apuestas, emisión de tarjetas de crédito, cheques de viajero, préstamos sin garantía, construcción y venta de viviendas; así como venta de joyas, obras de arte y automóviles, subastas, blindaje de autos, traslado de valores, entre otros.

Esta nueva ley obliga a las entidades financieras, como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las sociedades de inversión, cooperativas de ahorro y aseguradoras, a elaborar expedientes de identificación de sus clientes y reportar movimientos sospechosos a la Secretaría de Hacienda.

Españoles y Colombianos, mayores víctimas de Finanzas Forex, una “Megapirámide”

El pasado 25 de marzo fue detenido por la policía española, en Valencia, el español Germán Cardona Soler, responsable de la firma Finanzas Forex, dedicada a la inversión en el mercado de divisas, por idear una estafa piramidal de más de 300 millones de euros (USD 440 millones).

Cardona, un hombre de 49 años y sin educación universitaria, fue trasladado a un juzgado de Madrid que ordenó su ingreso a la prisión de Soto del Real.

Después de tres años de investigación, se descubrió que Cardona engañó a más de 100.000 personas de 110 países, desde Estonia hasta Ecuador, ofreciendo una rentabilidad de entre 10% y 20% a través de internet por la sociedad panameña Evolution Market Group (EMG). El dinero se manejaba en Estados Unidos. Sus “clientes” se convertían en promotores que captaban a nuevos inversores y recibían una comisión que no solo era económica, podían adquirir vehículos de lujo o ayudas hasta de 60.000 euros para la compra de vivienda. Buena parte del dinero captado no retornaba a los inversionistas sino que se empleaba en operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros. La policía lo apodaba el “mini Madoff” al compararlo con el famoso estafador estadounidense Bernard Madoff a través un sistema piramidal.

Cardona ofrecía a través de Finanzas Forex un floreciente negocio de inversión en el mercado de divisas, sobre el que afirmaba, en sus reuniones de captación, que sólo tenía contratados a siete brokers en todo el mundo, que comenzaban a operar en Japón y terminaban el día en Estados Unidos. De lunes a viernes, 24 horas operativos. Aseguraba que sólo arriesgaba el 5% de lo recaudado en inversiones agresivas pero el resto estaba dedicado a comprar inmuebles, oro, café y trigo (commodities que Cardona denominaba como materias primas).

Desde el 7 de abril del 2008, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió sobre la compañía Forex, diciendo que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión. Hoy, se comprobó que las víctimas no podían retirar el capital que habían invertido desde el 2007. España y Colombia encabezan la lista de los afectados.

En abril, en su página web, aparecía que sus activos eran de 400 millones de euros, mientras que la CNMV, para la misma fecha, menciona que registraba 18720 clientes con unos activos contables de USD 121 millones y alertaba que esta empresa no había iniciado ningún proceso de regularización en la CNMV tal como ellos anunciaban.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional realizó la captura de 3 personas y realizó imputación contra otras 7. Además, se bloquearon saldos de 12 entidades bancarias y se embargaron más de 20 inmuebles en España valorados en 14 millones de euros.

Ya la Fiscalía de la Florida le había incautado hace dos años bienes en lingotes de oro por un valor aproximado de 160 millones de euros y, al parecer, Cardona tendría causas penales y civiles pendientes en Estados Unidos  y Colombia.

La Corte del Distrito de Florida, División Orlando, mediante una acción civil de enero de 2010, bajo el caso No. 6:09-cv-1852-Orl-28GJK, incautó 294 lingotes de oro, 9 vehículos y dinero de 59 cuentas bancarias por cometer delitos de fraude electrónico a través de un esquema de pirámide Ponzi operado por Evolution Market Group (EMG), Finanzas Forex, DWB Holding Company (DWB), Superior International Investments Corporation (SIIC), Germán Cardona, Daniel Fernández Rojo Filho, Pedro Benevides y otros, en los que inversionistas fueron defraudados por millones de dólares.

UNITED STATES DISTRICT COURT-MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA, AMENDED VERIFIED COMPLAINT FOR FORFEITURE IN REM

México: aumentan “narcomenores” y menores delincuentes

En 2007 el Ministerio Público Federal reportó apenas 8 casos de menores acusados de vínculos con la delincuencia organizada, mientras que en 2010 esa cifra pasó a 214, según cifras solicitadas vía Transparencia a la PGR.

El número de menores acusados de delitos, entre ellos delincuencia organizada, se ha disparado. En lo que va corrido del sexenio, 1.107 adolescentes han sido detenidos. De ellos, 339 fueron formalmente acusados de vínculos con grupos delictivos.

Sin embargo, los números del Ejército son más dramáticos: En 2007 se registraron 71 detenidos, pero en 2010 la cifra se disparó a 402, en su mayoría por posesión de armas de fuego y/o droga, servir al crimen como "halcones" (quienes informan a los grupos delictivos sobre los movimientos de policías y militares), y participar en homicidios y secuestros. No todos llegan a ser acusados de crimen organizado.

Algunos de los casos más sonados de menores detenidos ocurrieron en Cuernavaca en enero pasado con la detención de Erik, "El Damage", de 15 años, presunto "halcón", y Édgar, "El Ponchis", de 14 años, supuesto sicario. Ambos trabajaban para el Cártel del Pacífico Sur (CPS) en Morelos.

Pese a que el Ministerio Público de Morelos acusó a "El Ponchis" de homicidio doloso, violación a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, posesión de arma de uso exclusivo del Ejército y posesión de narcóticos con fines de transportación, enfrentaría una pena máxima de tres años de cárcel.

El juez del Tribunal de Justicia para Adolescentes de Morelos señaló que  "Atendiendo a la edad de esta persona, la sanción máxima que pudiera imponérsele sería de tres años en un Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Menores".

Los menores infractores vuelven con relativa facilidad a la calle, incluso cuando la detención es por delitos graves como narcotráfico.

Según las leyes vigentes, en el Distrito Federal, los menores de 14 años no pueden ser detenidos porque no se les considera delincuentes. Si tiene entre 15 y 17 años y es arrestado, se traslada a la Fiscalía Especial para Niños, Niñas y Adolecentes. Aunque se le acuse de homicidio o secuestro, no pasa más de seis años preso.

Según Alberto Capella, activista ciudadano y ex jefe de la Policía de Tijuana, estos niños, que no tuvieron ninguna oportunidad, son parte de una generación que se educó en la calle y ahora es utilizada como carne de cañón. El crimen organizado ha estado controlando todas las actividades ilícitas del norte del país y eso ha permitido el acercamiento de los menores de edad, incluso los han reclutado para convertirlos en sicarios de la noche a la mañana.

La policía federal ha mostrado su preocupación por la adhesión de infantes a las células delincuenciales. "La capacidad financiera del crimen organizado y la dificultad de encontrar un trabajo que sea bien remunerado, ha facilitado el reclutamiento por parte del crimen organizado de personas con el fin de delinquir y, desgraciadamente, quienes se han visto inmersos en este fenómeno social han sido principalmente los jóvenes menores de edad… Al no encontrar una oportunidad honesta para subsanar sus necesidades más básicas son blanco fácil para los delincuentes, quienes aprovechan su edad para enviarlos a cometer delitos que van desde secuestros hasta ejecuciones, considerando que nuestra legislación contempla penas privativas de libertad para los menores de edad que cometen estos delitos, muy relajadas".

Nashieli Ramírez, activista por los derechos de infantes, enfatizó que los menores infractores son víctimas de un sistema que no les ofrece oportunidades. “Empiezan por cosas muy sencillas, luego los ponen a trabajar sobre narcomenudeo, avanzan en la escala y les dan armas... son ocupados de carne de cañón, tienen que atacar a grupos rivales a temprana edad, menos de un año”.

“Fortalecer los valores familiares, el cambio está primero en uno y luego en la familia, en la colonia, en el Estado y luego en el País, no queremos violencia, pero seguimos comprando piratería, dándole mordida al policía, queremos que cambien las cosas y no ponemos nuestro granito de arena”, mencionó Ramírez.

En diciembre de 2010, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma que daría lugar al establecimiento del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes. Se contempla penas de internamiento en centros federales, como última alternativa para sancionar a quienes tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer algún delito tipificado en el Código Penal Federal.

Terra-Reforma-Noticias-Suben casi en 700% las detenciones de “narcomenores”

Tráfico ilícito de migrantes, negocio clandestino en todo el mundo

La migración es uno de los grandes motores del progreso y desarrollo humano. Las personas se mueven por el mundo por varias razones, por ejemplo: para aumentar las oportunidades de su desarrollo económico, para proporcionar a sus hijos o familia una mejor educación, para establecer o fundar una familia, para embarcarse en una aventura o en busca de protección. A su vez, la migración ha traído la difusión de diversas lenguas, culturas, cocinas e ideas en todo el mundo. Sin embargo, la explotación de algunos de estos migrantes por parte de delincuentes con fines de lucro representa un reto para todas las jurisdicciones.

Además, no todas las personas que emigran tienen las oportunidades o requisitos legales para hacerlo y los delincuentes o las organizaciones criminales se aprovechan de esta situación para el tráfico ilícito de migrantes. Este fenómeno afecta a todos los países del mundo ya sea como sitio de origen, tránsito, destino o los tres.

En algunos casos las personas consienten el tráfico ilícito pero no el tratamiento que les dan los delincuentes, incluso poniendo en riesgo la vida. Para las organizaciones criminales el tráfico ilícito de migrantes es un negocio que genera enormes ganancias y corrupción. Cambian frecuentemente de rutas y métodos. Además, se vuelve en una compleja red de delincuentes, muy rentable por el bajo riesgo de detección y represión.

Como se trata de una actividad ilegal y clandestina no se tiene información completa, precisa y confiable sobre este fenómeno. Sin embargo, se conocen rutas, métodos, tendencias y patrones que permiten combatir estas actividades ilícitas que buscan evadir los controles fronterizos y requisitos legales de visado o similares.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó recientemente el “Manual Básico para Capacitación en Prevención y Persecución del Tráfico Ilícito de Migrantes”, el cual proporciona elementos para combatir esta actividad ilegal y algunas medidas para mejorar la investigación y enjuiciamiento de estas redes criminales.

El manual consta de 9 módulos que incluye las siguientes áreas temáticas: a) Conceptos y categorías del tráfico ilícito de migrantes y las conductas afines; b) El papel de los migrantes ilegales –como eventuales testigos- y los contrabandistas de migrantes en las investigaciones; c) Los enfoques de la investigación –proactiva y reactiva-; d) La investigación financiera –incautación de activos y confiscación del producto del delito-; e) Técnicas de investigación encubierta -uso de informantes, entregas vigiladas y operaciones encubiertas-; f) Inteligencia -estratégica y táctica-; g) Asuntos legislativos –normas-; h) Cooperación internacional; i) Derechos humanos –de los migrantes objeto del tráfico ilícito-.

UNODC - Basic training manual on investigating and prosecuting the smuggling of migrants

FMI publica el informe de evaluación AML/CFT del Reino de los Países Bajos-Holanda

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó hoy, 19 de abril, el informe detallado de evaluación anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (AML/CFT) al Reino de los Países Bajos-Holanda, basada en las 40+9 recomendaciones del GAFI, y elaborado por un equipo del Fondo Monetario Internacional con la metodología de evaluación adoptado por el GAFI y aprobado por el Consejo Ejecutivo del FMI. La información fue obtenida durante la misión del 28 de junio al 13 de julio de 2010 y otra suministrada posteriormente.

Entre los aspectos más relevantes de la evaluación se puede mencionar que: Los indicadores sugieren que los Países Bajos es susceptible al lavado de dinero (LD), debido a, entre otras cosas, el tamaño relativo de su sector financiero, su apertura al comercio, y la cantidad de producto del delito. Es la 16ª economía del mundo y se estima que USD 14 mil millones son producto del delito (1,8% del PIB).

En cuanto a financiación del terrorismo, el Reino de los Países Bajos ha convivido con una variedad de organizaciones terroristas y, actualmente, la principal amenaza parece ser la de los extremistas islámicos internacionales, pero el riesgo es limitado. Aunque el sistema legal Holandés no prevé como delito autónomo la "financiación del terrorismo”, se penalizan conductas como "preparación para cometer un delito grave” y "participación en una organización terrorista".

Es preciso reforzar el reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por parte de la instituciones financieras y no financieras, en especial por los riesgos identificados en las actividades de los abogados corporativos. A su vez, la UIF debería reconsiderar la forma como divulga sus análisis financieros a las autoridades y lograr más énfasis en la difusión de sus casos.

Según el informe, hay problemas de regulación con la definición del beneficiario final y las amplias excepciones para considerar clientes de bajo riesgo (por el tratamiento en las jurisdicciones y Estados miembros de la Unión Europea); es de particular preocupación que sólo sea aplicable a escenarios de alto riesgo la obligación de identidad del beneficiario, junto con la obligación de conocer la propiedad y estructura de control del cliente.

Se considera que el plazo de 14 días para informar las transacciones sospechosas no es coherente con la norma y plantea una cuestión de eficacia con la recuperación de activos de origen ilícito. El nivel de reporte de transacciones sospechosas de agentes de seguros, compañías de seguros de vida y oficinas de cambio es particularmente bajo.

En cuanto a las medidas establecidas en los Países Bajos para garantizar un alto nivel de transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), existe información general y particular en la Oficina Central de Recaudo de Fondos (CBF - Central Bureau for Fundraising), sin embargo, no puede intercambiarse entre las autoridades competentes porque es una organización privada. Esto limita la información detallada sobre una parte importante del sector.

IMF-Kingdom of the Netherlands—Netherlands: Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

En México las mujeres son usadas por el crimen organizado como “señuelos”

El crimen organizado mexicano ya tiene años explotando a muchas mujeres en la prostitución, pero ahora también las utiliza para que informen quiénes son las víctimas potenciales para robos, secuestros y extorsiones.

En Monterrey, en ésta época, la mujer juega un nuevo papel, no solamente como parte o víctima del crimen organizado, sino ahora como un señuelo para otras víctimas de los criminales.

Incluso, hay quien dice que al menos ocurrieron dos atentados contra funcionarios policiacos, en los que tuvieron que ver mujeres para ponerles una emboscada.

Es una forma bastante común con la que están operando algunos grupos criminales: una bailarina o prostituta usa su erotismo para presentarse ante una víctima potencial en un bar o table dance. Esa misma noche en un privado, o en la misma mesa del cliente, ella trata de obtener información sobre el modelo del vehículo que éste posee y sobre la capacidad económica de quien puede representar un negocio rápido para los criminales.

Otro método conocido, es cuando en un restaurante una mujer busca atraer a un comensal que, por su apariencia, represente un segmento socioeconómico alto. Luego de sostener una conversación, obtiene la información personal necesaria y una vez que ganó la confianza de la víctima, la entrega a los criminales.

También la participación de las mujeres es cada vez más frecuente por el crimen organizado, incluso para lograr revanchas contra otro grupo criminal. Este fue el caso de cuatro mujeres que fueron asesinadas, no fueron identificadas y fueron encontradas con narcomensajes y huellas de tortura. Dos de ellas localizadas en noviembre del 2010 en la avenida Pablo A. de la Garza y dos más en una brecha en Montemorelos.

Tan sólo en lo que va del año, en el Estado de Nuevo León, han sido asesinadas 33 mujeres, mientras que en todo el 2010 se registraron 74 asesinatos de mujeres: la cifra más alta en la historia moderna del estado.

Un ejemplo del nexo entre las mujeres y el crimen es cuando los delincuentes están en el negocio y obligan a la bailarina o prostituta a obtener información de la víctima sobre su vehículo, riqueza, sector donde vive y nivel económico de vida. La víctima, al salir del lugar, es abordada por los delincuentes que ya conocen su capacidad económica y obtienen el dinero, vehículo o demás bienes. Generalmente, la víctima ni siquiera denuncia los hechos para ocultar que estaba en un bar o con una prostituta.

Estados Unidos investiga por lavado de dinero a las tres más grandes empresas de póker por internet

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, y el director asistente a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones FBI, Fedarcyk Janice, anunciaron el pasado 15 de abril la acusación formal contra 11 personas, entre ellos los fundadores de las 3 más grandes empresas de póker por internet que hacen negocios en los Estados Unidos, PokerStars, Full Tilt Poker y Absolute Poker, por fraude bancario, lavado de dinero y delitos de juego ilegal.

También se presentó una demanda civil por lavado de dinero contra las empresas de póker, sus activos y los activos de varios procesadores de pagos para estas empresas de póker. Además, se emitieron órdenes de restricción contra aproximadamente 76 cuentas bancarias en 14 países utilizadas por las empresas de póker y sus procesadores de pagos, y fueron incautados cinco dominios de internet utilizados por estas compañías para sus juegos ilegales.

De acuerdo con la acusación y la demanda civil (por lo menos USD 3 mil millones), los acusados Isai Scheinberg y Paul Tate (residentes en la Isla de Man) de PokerStars, Raymond Bitar (residente en California e Irlanda) y Nelson Burtnick (residente en Irlanda) de Full Tilt Poker, y Scott Tom y Brent Beckley (residentes en Costa Rica) de Absolute Poker, recibieron dinero de cientos de jugadores de los Estados Unidos por pagos de comerciantes en línea inexistentes que vendían artículos como pelotas de golf y joyería. De los miles de millones de dólares de las transacciones de pago que las empresas de póker procesaron, engañando a los bancos en los Estados Unidos, aproximadamente un tercio o más de los fondos fue directamente a las compañías de póker como ingresos por "comisión" de los jugadores en línea. Los otros acusados son Ryan Lang (residente en Canadá), Bradley Franzen (residente en Illinois y Costa Rica), Ira Rubin (residente en Costa Rica), Chad Elie (residente en Nevada) y John Campos (residente en Utah).

FBI-New York Field Office-Press Releases

OEA advierte que el tráfico ilícito de armas de fuego ha aumentado en la región

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, (OEA), José Miguel Insulza, aseguró que el tráfico ilícito de armas de fuego “ha pasado a ser una de las manifestaciones principales del crimen organizado en la región, alcanzando un 80 por ciento, número bastante más alto de lo que ocurría hace algunas décadas”.

La máxima autoridad de la OEA, manifestó que este tema es “muy prioritario para nuestro trabajo en materia seguridad pública”, al inaugurar, el 15 de abril de 2011, la Décimo Segunda Reunión Ordinaria del Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA), que se realiza en Washington D.C.

Animó a los representantes de los países presentes en la reunión a continuar su labor y enfocar los esfuerzos en reformas legislativas y medidas concretas para prevenir y controlar el tráfico ilegal de armas con mayor cooperación nacional, regional e internacional.

Asimismo, recordó que, si bien todos los países miembros de la OEA se han adherido a la CIFTA, sólo treinta la han ratificado por lo que hizo un llamado para que “los países que quedan lo hagan, pues es muy fundamental que tengamos la plena participación de todos”.

Durante el encuentro, los expertos en tráfico de armas darán a conocer las experiencias de los distintos países, sus preocupaciones e ideas sobre cómo apoyar la plena implementación de esta Convención y, por medio de ello, contribuir efectivamente a la reducción de la violencia, lucha contra la criminalidad y la inseguridad en el hemisferio.

OEA Comunicado de Prensa

México sancionaría a bancos y empresas que colaboren con el crimen organizado

El presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa envió al Senado de la República una reforma al Código Penal Federal y el de procedimiento penal para sancionar a todos aquellos que colaboren con el crimen organizado, que incluye a “personas jurídicas de naturaleza privada” como bancos y empresas beneficiadas por las actividades ilícitas.

 Las sanciones para estas empresas y bancos van desde multas económicas e inhabilitación para participar en licitaciones públicas, hasta el decomiso de bienes. La iniciativa legislativa considera hasta 53 delitos que podrían ser vinculatorios para establecer la responsabilidad penal al sector privado y a la banca, entre los que se destacan terrorismo, fraude, trata de personas, sustracción ilegal de hidrocarburos, introducción clandestina de armas, defraudación fiscal, cohecho, robo de vehículos, entre otros.

Este proyecto fue radicado a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer (PAN), aseguró que ve “muy difícil” que el proyecto pueda ser dictaminado de aquí al 30 de abril, porque ya están fijadas las prioridades legislativas.

La oposición no recibió con buen ánimo la propuesta. El senador del PRD, Pablo Gómez Álvarez -integrante de la Comisión de Justicia- lamentó que Calderón ya “no sabe ni qué inventar ante el fracaso de su estrategia de inseguridad”.

El Universal-México

Chile presenta proyecto de repatriación de capitales, sin riesgo de lavado de dinero

Esta semana, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que el proyecto de ley sobre repatriación de capitales chilenos en el exterior será enviado al Congreso este semestre y contará con una fórmula para evitar que actividades, como el lavado de dinero, se realicen en el país a través de esta iniciativa, después que se dio a conocer que sólo bastaría una declaración jurada sobre el origen del capital repatriado.

Además, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, confirmó que esa entidad cooperará en la fiscalización de este proceso. 

Según el Gobierno, el objetivo del proyecto es obtener unos USD 1.600 millones por una sola vez por el pago de impuestos de capitales repatriados para generar una fuente adicional de recursos con el fin de financiar la reconstrucción patrimonial por el terremoto de 2010.

Aunque aún no se conoce la tasa tributaria definitiva ni el plazo que tendría el tratamiento tributario excepcional, se espera que fluctúe entre el 6% y 10% y la repatriación de capitales podría tener una vigencia de 3 a 6 meses.

El ministro Larraín, agregó que efectivamente "los paraísos fiscales en el mundo se están acabando. Los países quieren ser respetables en el sentido de decir 'mire, nosotros ya no somos paraíso fiscal, somos un país que cumple y que comparte su información'. Hay muchos tratados para evitar la doble tributación y hay tratados que lo que hacen es compartir la información y eso significa que el que hizo uso de este mecanismo para esconderse, cada vez les sirve menos".

También aclaró que hay  algunos titulares de ahorro en el exterior "a los que le fue mejor con lo que tenían aquí en Chile que con lo que está (invertido) afuera". Aclaró, sin embargo, que la idea de hacer sólo un reconocimiento de los capitales en el exterior, pero no necesariamente traerlos al país, como se ha sugerido en algunos sectores, "es algo que tenemos justamente que evaluar, porque esto no es tan simple aceptarlo".

Venezuela amplía regulación contra la legitimación de capitales en casinos y salas de bingo

Según la Gaceta Oficial 39.654 del pasado 12 de abril de 2011, la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles estableció regulaciones para la Prevención, Control y Fiscalización de los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en los casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles en Venezuela, conforme a la providencia 11-011.

De acuerdo con la nueva reglamentación, cada uno de los sujetos obligados debe establecer políticas, procedimientos y mecanismos internos de prevención y control a través de un Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (SIPCLCFT).

La estructura del SIPCLCFT debe estar integrada por la junta directiva, el presidente, el Oficial de Cumplimiento, la Unidad de PCLC y el responsable de cumplimiento por área.

El sistema contempla como elementos, el diseño de un plan operativo anual con su informe de ejecución y un plan anual de adiestramiento para la junta directiva y todo el personal. Asimismo, debe crearse un código de ética y asumir por escrito un compromiso institucional.

También se considera un manual de políticas, normas y procedimientos de prevención y control de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, cuyo contenido debe abarcar información sobre la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la legitimación de capitales, el terrorismo y su financiamiento, la corrupción, casos y tipologías. Del mismo modo, establecer políticas y programas de “conozca a su cliente”, “conozca a su empleado”, “conozca su marco legal” y “conozca su proveedor”, entre otros aspectos.

Los casinos, salas de bingo y salones de maquinas traganíqueles deberán solicitar nombre completo, dirección de residencia, número telefónico, tipo y naturaleza de la operación que pretenda realizar y una declaración del origen de los fondos utilizados por el jugador. Si el cliente invierte de forma mensual más de 300 unidades tributarias o gana un premio que supere ese umbral deberá informar sobre su actividad profesional o comercial.

Los sujetos obligados están en la obligación de reportar actividades sospechosas (RAS) de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que los jugadores realizaron la operación, ante la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a la Superintendencia de Instituciones Financieras.

Con el fin de detectar operaciones inusuales y complejas, los sujetos obligados deberán contar con un sistema central que permita mantener el registro de las operaciones que hayan efectuado los jugadores o apostantes que superen un monto y frecuencia mensual de USD 5.000 o su equivalente en bolívares u otra moneda extranjera.

Esta providencia entra en vigencia 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial y las licenciatarias deberán establecer, dentro de los dos (2) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la providencia, los mecanismos que permitan el control y registro del monto de todas las jugadas (con indicación del apostante o jugador) que realicen los casinos y salas de bingo.

Tribunal Superior de Justicia, Gaceta Oficial 39654 de abril 12 de 2011

Ecuador entregó informe sobre sus avances al GAFISUD

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno de Ecuador anunció el sábado que remitió, el pasado 31 de marzo, un informe con los avances en el proceso de Evaluación del sistema contra el Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo que lleva a cabo el GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica).

GAFISUD es el organismo regional que promueve la implementación de las 40+9 recomendaciones del GAFI, consideradas los estándares internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El proceso de evaluación se complementará con la visita de una misión al país, del 16 al 24 de mayo. Ecuador está en una “lista gris” del GAFI, al considerar que mantiene deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En junio de 2010, Ecuador asumió el compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFISUD para desarrollar una estrategia frente a sus deficiencias. Desde octubre, el país ha tomado medidas para mejorar su sistema ALD/CFT, mediante la promulgación de algunas medidas. Sin embargo, el GAFI ha determinado que ciertas deficiencias persisten.

Ecuador debe seguir trabajando en el desarrollo de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, entre ellas: i) asegurar la penalización adecuada de la financiación del terrorismo (Recomendación Especial II), ii) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos del terrorismo (Recomendación Especial III), iii) la aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de los fondos relacionados con el lavado de activos (Recomendación 3) y iv) reforzar y mejorar la coordinación de la supervisión del sector financiero (Recomendación 23).

FATF-GAFI - Improving Global AML/CFT Compliance: update on-going process 

Argentina: La Cámara baja debatirá en comisión la Ley de Lavado de Activos

Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas de la Cámara baja se reunirán este jueves 14 de abril a las 11:30 a.m. en sesión plenaria. La idea es poder consensuar un dictamen sobre el proyecto de lavado de activos financieros que reclamó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su último mensaje al Congreso. Hay diferencias en la oposición.

Ante la inminente sanción del GAFI, el Gobierno apuró al Congreso para que se sancione dicha ley. En ese marco, Alejandro Rossi, diputado del oficialismo, opinó que "están las cosas encaminadas en el Congreso, esperamos que se puedan reunir las comisiones para el debate y luego dictaminar para tratarlo en el recinto”.

Tras el pedido por parte del Gobierno para que el Parlamento sancione con celeridad una ley contra el lavado de activos, la oposición no está dispuesta a aprobar un proyecto de ley oficialista sin discusión ni la posibilidad de cambios.

Para el diputado Gustavo Ferrari del Peronismo Federal, la posición de los sectores contrarios al Gobierno “no es negarse a tratar una ley” sino que “es buscar la mejor norma posible en un marco democrático”.

En cuestiones técnicas, Ferrari, quien es autor de un proyecto sobre el tema, opinó que está de acuerdo con otorgarle a la UIF las facultades necesarias que el Poder Ejecutivo reclama, pero “al mismo tiempo debemos garantizar la independencia e idoneidad técnica del organismo, impedir el uso político de la información y asegurar que las mayores facultades sean utilizadas, no como elementos de presión o persecución, sino para perfeccionar el combate al lavado de dinero y la financiación del terrorismo”.

Argentina es simultáneamente miembro del GAFI y del GAFISUD. Estos organismos internacional y regional, respectivamente, promueven la implementación de las 40+9 recomendaciones del GAFI, considerados estándares internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El GAFI aprobó el informe de evaluación mutua en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) de Argentina, según el informe del 22 de octubre de 2010. La visita de evaluación se realizó entre el 16 y 27 de noviembre de 2009. Sin embargo, el GAFI expresó su decepción y preocupación sobre el incumplimiento de Argentina para implementar un adecuado y eficaz sistema ALD/CFT frente a las recomendaciones y ofreció toda la colaboración para que rápidamente se corrijan las deficiencias detectadas.

Las principales recomendaciones hechas a Argentina son: subsanar las deficiencias técnicas en los delitos de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de manera más proactiva los procedimientos en en las investigaciones judiciales del lavado de activos; mejorar el marco para la congelación de activos relacionados con la Financiación del Terrorismo; fortalecer la competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera para tramitar los casos relacionados con todos los delitos y actividades de lavado de activos; actualizar las leyes o normas del sector financiero para proporcionar supervisión y sanciones específicas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, y mejorar la capacidad de cooperación nivel internacional; supervisión más eficaz de las instituciones financieras; armonizar y actualizar los requisitos de Debida Diligencia del Cliente (DDC) para las instituciones financieras; ampliar los requisitos ALD/CFT a las instituciones financieras y a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) que no están cubiertas, y crear un marco de control eficaz para las APNFD; proporcionar los recursos adecuados para todas las agencias y organismos relacionados con ALD/CFT; proporcionar más autoridad a la Oficina Nacional de Coordinación de la Representación Argentina para coordinar más eficazmente las políticas ALD/CFT.

GAFISUD/FATF-GAFI, Mutual Evaluation Report, Executive Summary, Argentina, October 2010

El uso indebido de la tecnología, la explotación de menores y el ciberdelito son analizados esta semana por Naciones Unidas

La Comisión sobre Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas (United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) se reúne esta semana (del 11 al 15 de abril) en Viena, Austria, para revisar el avance de los esfuerzos internacionales para combatir la delincuencia organizada transnacional. El tema central de la reunión será el ciberdelito y las cuestiones emergentes.

El volumen de tráfico de internet y la ciberdelincuencia está creciendo rápidamente, así como los métodos que usan los delincuentes y abusadores para estafar a las personas o empresas ó abusar de víctimas a través de la red, incluidos los menores de edad.

Según Yury Fedotov, Director Ejecutivo de UNODC, más a menudo se están cometiendo delitos graves a través de la web. Particularmente los menores de edad son vulnerables en un entorno en línea y esto puede colaborar con los delincuentes para cometer abuso sexual a través de salas de chat o sitios de juego. “El maltrato infantil en línea constituye un delito internacional grave y exige la colaboración concertada: esto significa desarrollar la ciberética, seguridad cibernética y la ciberseguridad".

Agregó que “Estamos jugando al gato y al ratón en el ciberespacio. Las empresas criminales son ágiles y buscan las oportunidades del mercado. Esto es algo que se está moviendo rápidamente, pero la mayoría de las leyes que tenemos no se han puesto en marcha para la era digital global".

La amenaza de la ciberdelincuencia desafía las fronteras y no debe desestimarse. Por eso es importante que los países armonicen sus marcos jurídicos para prevenir y combatir las amenazas cibernéticas y se facilite la cooperación internacional. El vació legal y de información ante estas amenazas y delincuencia “sofisticada” aún es grande.

La lucha contra este tipo de delincuencia debe ser una asociación entre el sector público y el privado. La prevención del ciberdelito y la protección de las víctimas de esta amenaza “invisible” requieren de la participación de las autoridades involucradas, así como los proveedores de servicios de internet, la sociedad civil, los medios de comunicación, las instituciones educativas y el público en general.

Durante la reunión de la Comisión, se realizarán una serie de eventos paralelos para hacer frente a algunas de las cuestiones actuales más difíciles de la delincuencia organizada, como la piratería marítima, la trata de personas, el tráfico ilícito de bienes culturales y la violencia armada.

UNODC Press Releases

Colombia: Gobierno pide enfrentar el lavado de activos en la explotación minera

Esta semana el ministro del Interior y de la Justicia, Germán Vargas Lleras, pidió a la UIAF (Unidad de Inteligencia Financiera colombiana encargada de luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que rastree los capitales que se mueven en la actividad minera.

El ministro aseguró ante la plenaria del Senado que también solicitó fortalecer el sistema integral para la vigilancia de las actividades de energía, minería y piedras preciosas. Dijo que "Es un hecho que la minería ilegal está vinculada a los grupos ilegales y que a través de ella se lavan recursos significativos e importantes". También agregó que "La minería ilegal es una de las principales fuentes de financiación, junto con el narcotráfico, de los grupos al margen de la ley".

Por su parte, el ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, anunció que está en conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para que se cree en esta entidad una Unidad Especial de Delitos Mineros.

Aunque aún faltan más medidas preventivas y muchas más acciones judiciales para luchar contra la presencia de dinero ilegal en las actividades relacionadas con actividades de explotación de minerales y piedras preciosas, desde el 2008 la UIAF ya había establecido una serie de reportes dirigidos a una parte de este sector.

Mediante la Resolución UIAF 363 de noviembre 18 de 2008 se impuso a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o importación de oro, el deber de reportar las operaciones sospechosas (ROS) ó su ausencia mensual, todas las transacciones de compra/venta de oro y todas las importaciones/exportaciones de oro, ó su ausencia en forma cuatrimestral a la UIAF.

Según los estándares internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, los casinos, agentes inmobiliarios y  comerciantes de metales y piedras preciosas, entre otros, deben aplicar procedimientos de debida diligencia de sus clientes, conservar los registros de sus transacciones y reportar operaciones sospechosas. Otras actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), incluidas en la recomendación 12 del GAFI están sujetas a las mismas medidas.

Con la preocupación actual del Gobierno, resulta conveniente y oportuno revisar el cumplimiento de los reportes establecidos por la UIAF, fortalecerlos y ampliar las medidas a otras actividades similares de riesgo, con el fin de implementar en forma adecuada y con una mayor cobertura las recomendaciones internacionales. Se debería involucrar a otras entidades de supervisión y autoridades encargadas de aplicar la ley para detectar y reprimir los delitos relacionados con actividades de metales y piedras preciosas.

También sería muy conveniente tener el cuenta la “Guia del Enfoque Basado en el Riesgo para Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Principios y Procedimientos de Alto Nivel para Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas” publicado por GAFISUD. Muy pertinente para la ocasión.


GAFISUD Guía basada en riesgo para comerciantes de metales y piedras preciosas

Cinco altos funcionarios Libios y dos entidades controladas o de propiedad de los hijos de Gadafi incluidos en la Lista OFAC (Lista Clinton)

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13566, designó hoy en la lista OFAC al Primer Ministro de Libia, al Ministro de Petróleo, al Ministro de Finanzas, al Director de la Oficina de Seguridad Interna, y al Jefe del Estado Mayor de Gadafi.

Así mismo, sancionó a Gaddafi International Charity and Development Foundation y la  Waatasemu Charity Association, dos entidades de propiedad o controladas por los hijos de Muammar Gaddafi.

De acuerdo con la EO 13566, firmada por el presidente Obama el pasado 25 de febrero de 2011, para la congelación de los activos del régimen de Gadafi después del uso de la violencia contra civiles y violaciones de los derechos humanos en Libia, han sido congelados más de $ 34 mil millones de dólares en activos del Gobierno de Libia y 19 personas, altos funcionarios del gobierno y miembros de la familia de Gadafi, han sido designados para sanciones.

Con la acción de hoy, todos los activos de las personas y entidades designadas sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos de América serán congelados, y todas las personas de los Estados Unidos de América tienen prohibido realizar negocios con ellos.

"Vamos a seguir imponiendo sanciones a altos funcionarios del gobierno Libio que optan por permanecer al lado de Gadafi", dijo el Subsecretario para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, David S. Cohen.

Los designados son: Ali al-Mahmoudi Al Baghdadi, Shukri Ghanem, Abdulhafid Zlitni, Tohami Khaled, Bashir Saleh, Gaddafi International Charity and Development Foundation y Waatasemu Charity Association.

U.S. TREASURY Press Releases

Dinero ilegal en el fútbol

Ayer el Senado de la República de Colombia aprobó el último debate del proyecto de ley que establece prisión de hasta 10 años para los “desadaptados” que incurren en hechos de violencia en el fútbol, serias sanciones para las “barras bravas”, fija derechos laborales para los jugadores, permite democratizar los equipos y tomará medidas para evitar el ingreso de dineros ilícitos a los clubes deportivos.

Ahora el proyecto, considerado un verdadero revolcón al futbol colombiano, será conciliado por el Senado y la Cámara, antes de que pase a sanción presidencial para ser ley de la República.

Cuando los equipos de fútbol se conviertan en sociedades anónimas,  Coldeportes pasará el nombre de cada una de las personas que compre acciones a la UIAF (Unidad de Inteligencia Financiera del país) para controlar el ingreso de dineros a los clubes y revisar si hay alguna sospecha.

Bienvenidas las medidas aunque el tema no es novedoso tanto en Colombia como en el mundo. Se necesita, además de la voluntad política, medidas preventivas eficaces y entidades u organismos comprometidos en su implementación para mejorar las condiciones actuales y la reputación del sector. También es imprescindible autoridades y entidades supervisoras que hagan cumplir la ley y reglamentos.

En Colombia, recientemente se conoció el escándalo de supuestos vínculos de dineros del narcotráfico con el Independiente Santa Fe a raíz de la operación “Cuenca del Pacífico” en la que se capturaron a varios sospechosos y se incautó varios millones de dólares. El club América de Cali hoy figura en la “Lista Clinton” ó lista OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como organización vinculada desde el pasado al designado narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela. El Deportivo Pereira, un equipo tradicionalmente chico, pasó a ser propiedad exclusiva del excéntrico multimillonario Octavio Piedrahita a quien se vinculaba sin pruebas con el grupo del capo Pablo Escobar. Hasta hace poco se hablaba de sus vínculos con el paramilitarismo. En diciembre de 2008 se conoció que el Deportivo Independiente Medellín (DIM), con base en un testimonio de la fiscalía, habría servido para lavar $25.000 millones de pesos (unos 11,1 millones de dólares) del narcotráfico en 15 años, hasta el 2003, y más de 150 millones de dólares en las últimas tres décadas. El Club Deportivo los Millonarios hoy tiene participación del Estado por las acciones legales de extinción de dominio, pues en el pasado fue comprado por Gonzalo Rodríguez Gacha (“el Mexicano”), un campesino de Pacho Cundinamarca que, gracias al narcotráfico, las esmeraldas y a la imposición violenta sobre sus enemigos se había convirtió en uno de los hombres más ricos del país, junto con Edmer Tamayo Marín. El primer extraditado por narcotráfico en la historia de Colombia, en 1984, fue Hernán Botero, presidente del Club Atlético Nacional. La lista de dirigentes del fútbol asesinados por sus vínculos con el narcotráfico es extensa, Eduardo Dávila, sindicado de tráfico de marihuana, vinculado al Unión Magdalena; Ignacio Aguirre, alias “El Coronel”, vinculado al Deportes Tolima y asesinado en los años 80; César Villegas, asesinado en 2002, acusado de ser el testaferro de Phanor Arizabaleta en Independiente Santa Fe; Juan José Bellini, presidente de la Federación y ex dirigente del América de Cali, vinculado con el “Proceso 8.000” por sus nexos con el Cartel de Cali; Gustavo Upegui, vinculado al Envigado Fútbol Club, fue asesinado por el jefe de la "Oficina de Envigado", alias Don Berna; doce ex dirigentes del DIM terminaron en la cárcel, así como al Deportivo Pereira se le relacionó con Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'.

En México, se pide con urgencia reformas laborales y tributarias para evitar la evasión tributaria y el lavado de dinero de clubes de fútbol y cooperativas. El Cruz Azul afronta investigaciones tributarias y judiciales a nivel federal por supuesto lavado de dinero por casi 960 millones de dólares por dobles contratos, publicidad, evasión de IVA por comisiones y seguros. Un informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) titulado “El lavado de dinero a través del futbol” cita por lo menos dos casos de México en los que destaca la compra de un equipo de tercera división por parte de un narcotraficante y, en segundo término, el caso de un seudoempresario que mediante la compra de un equipo profesional invitaba a funcionarios gubernamentales a los partidos de futbol para obtener las más importantes obras públicas.

También se conocen casos de lavado, dinero ilegal o evasión tributaria en el sector del fútbol en Italia, Brasil, Reino Unido y Francia, entre otros.

En julio de 2009 el GAFI, en colaboración con GAFISUD, publicó el informe “Lavado de dinero en el sector del fútbol”. El estudio identifica aquellas vulnerabilidades (estructura, financiamiento y cultura) que hacen que el sector del fútbol sea atractivo para la delincuencia y analiza varios casos que ilustran el uso del sector futbolístico como vehículo para lavar las ganancias provenientes de actividades delictivas en el mundo. Estas operaciones ilícitas se relacionan con la propiedad de clubes de fútbol o de jugadores, el mercado de transferencias, las apuestas, los derechos de imagen y los convenios de patrocinios o publicidad. Otros casos demuestran que también se emplea el sector del fútbol para cometer otras actividades delictivas, tales como trata de personas, corrupción, tráfico de estupefacientes (doping) y delitos tributarios. Las principales técnicas de lavado de dinero que se utilizan en el sector del fútbol incluyen el uso de dinero en efectivo, transferencias transnacionales, paraísos fiscales, compañías pantalla, profesionales no financieros y PEP personas expuestas políticamente; en muchos casos, se identificaron conexiones con otras tipologías de lavado de dinero ampliamente reconocidas, tales como el lavado de dinero basado en el sector del comercio exterior, el uso de profesionales no financieros y organizaciones sin fines de lucro, lavado de activos a través del mercado de títulos valores, del sector inmobiliario y de la industria de juegos de azar.

El reto es grande, lo importante es contar con la voluntad política y la firme decisión de implementar las medidas efectivas y adecuadas para combatir el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector del fútbol.

Algunas de las sugerencias a tener en cuenta son: la mayor concientización y conocimiento del riesgo del lavado de activos en el sector; administración financiera internacional e información de sus asociados transparente y, en lo posible, pública; normas, reglamentos o documentos de buenas prácticas por parte de organismos de regulación o gremios autorreguladores; cooperación internacional para intercambiar información entre autoridades o gremios que permitan la identificación de operaciones sospechosas o asociadas a actividades ilegales; políticas y procedimientos adecuados en cada club deportivo para protegerse de los riesgos de lavado de activos y manejo de dineros ilegales, entre ellos, contar con un “funcionario designado” responsable del cumplimiento y divulgación de la información relacionada con este tema, registro y control de todas las operaciones financieras, conocimiento e identificación de asociados y demás personas que realizan operaciones con el club.

GAFI-GAFISUD Lavado de dinero en el sector del fútbol, julio 2009